Análisis de los marcos normativos de cuatro países de Iberoamérica en relación a la participación ciudadana en ciencia y tecnología.
El contenido del texto de las leyes es un indicador del nivel de comprensión del diálogo entre ciencia, tecnología y sociedad en los países, afirma Camilo Caballero en su trabajo de investigación “Una breve comparación entre los marcos teóricos principales de los Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología de cuatro países Iberoamericanos“. En el mismo, producto de su tesis de maestría en el Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Salamanca, se realiza un detallado análisis comparativo de los marcos normativos que rigen la gestión de las ciencias y las tecnologías en Paraguay, Bolivia, Colombia y España.
De acuerdo a Caballero, el marco normativo de España es uno de los más desarrollados. Dicho marco hace énfasis en la innovación y en la investigación, lo que lo diferencia de los demás países estudiados. Agrega que la legislación española de ciencias y tecnología también concibe un vínculo “entre el desarrollo económico y el desarrollo del conocimiento“, otro ítem particular.
Colombia, por su parte, tiene un modelo más dinámico y liberal. El sistema nacional de ciencias y tecnologías de allí hace un fuerte énfasis en la participación de la ciudadanía, por ejemplo. De acuerdo a lo recabado en la investigación, se identifica que una de las líneas de acción es la de fomentar “la participación ciudadana en la construcción de política pública en CTI, fortaleciendo las capacidades de la sociedad para tomar decisiones que contribuyan a la resolución de conflictos que involucran conocimientos científico-tecnológicos“.
En contrapartida, el investigador encuentra que el modelo de Bolivia es esencialmente estatista. “El Estado ejecuta la mayoría de actividades de ciencias y tecnologías mediante instituciones públicas dependientes de los Ministerios, o a través de las universidades oficialmente reconocidas“, comenta en su investigación.
Por último, el sistema de Paraguay se puede catalogar como incipiente, según Caballero. A modo de comparación, afirma: “En Colombia la primera ley de CyT data de 1990, mientras que en Paraguay la primera ley data de 1997, y recién desde el 2003 existe la denominación de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología“. Además, el nivel de gastos en CyT en Paraguay es el más bajo de todos los países analizados, y los principales financiamientos provienen de cooperaciones del Banco Interamericano de Desarrollo o del Mercosur, además del financiamiento proveniente de Itaipú Binacional.