EDITORIAL: Estado y agentes economicos en el Paraguay. ¿Qué institucionalidad pública construimos?
No existen dudas sobre la importancia del papel que juegan las instituciones en una sociedad para el éxito de las políticas públicas y para los planes de desarrollo económico de largo plazo. La referencia no es sólo a las instituciones del Estado, sino también a las instituciones del Mercado.
Las debilidades de estas instituciones en América Latina son las que históricamente han explicado la falta de buenas políticas públicas, principalmente de orden económico. Sin embargo, existen gradaciones en estas debilidades y, como consecuencia, en la manera de superar las mismas entre los propios países de la región. Países como Uruguay, Chile o Colombia son algunos de los países que más fuertemente han desarrollado sus instituciones de Estado y de mercado, las que acompañados por la formación de clases políticas serias han permitido desarrollar las democracias más fuertes de la región.
Más allá de las consideraciones de transparencia y de eficiencia en la función pública, otro de los factores que permiten entender el desarrollo de las instituciones del Estado y del mercado son las relaciones establecidas entre los hacedores de políticas públicas y los agentes económicos. Estas relaciones explican bastante la capacidad de las instituciones públicas y la forma y orientación de las políticas públicas.
En el Paraguay, estas relaciones entre Estado y los agentes económicos han tenido como protagonistas a diferentes grupos de agentes económicos en diferentes periodos históricos. Durante el régimen autoritario (1954-89), el grupo que mayor incidencia ha tenido sobre las políticas económicas resultantes ha sido el de aquellos denominados buscadores de renta. Es decir, el grupo de amigos del gobierno autoritario, que en virtud de esta relación especial se constituía en el principal beneficiario de las compras y licitaciones del Estado, además de realizar otros negocios de carácter ilícito como el contrabando y el tráfico de rubros diversos. La formalidad y el mercado (pago de impuestos y competencia) estaban mayormente concentrados en otro grupo de agentes económicos, los cuales no gozaban de los favores del autoritarismo.
En el inicio de la transición democrática, un segundo grupo de empresarios que poseía un mayor grado de formalidad y con orientaciones más productivas, comienza a tener mayor preeminencia como interlocutor de los gobiernos. Algunos empresarios de este grupo se han constituido en líderes de organizaciones gremiales tradicionales y en otras de más reciente creación. Este segundo grupo se convertía así en un interlocutor diferente para los gobiernos ayudando a estos últimos a definir lineamientos y cursos de acción para una política de desarrollo económico.
Sin embargo, los empresarios de este segundo grupo llegan con el tiempo a conformar una colección de intereses diversos y no siempre conciliables. Ante esta falta de consenso de los sectores empresariales, se les ha hecho difícil construir posturas comunes ante los decisores de políticas públicas. Por el contrario, este problema acrecentó la práctica heredada del régimen autoritario, consistente en que estos sectores han acudido a las oficinas de gobierno en forma separada, para lograr decisiones parceladas y muchas veces contrarias unas a otras. Además, al hacer un uso poco adecuado y muchas veces irregulares de instrumentos creados para promover la inversión y las exportaciones, estos empresarios dañaban su credibilidad como promotores del desarrollo.
Un tercer grupo está compuesto de empresarios innovadores y exitosos. Son ellos, los que a pesar de la persistencia de la informalidad en la economía y de las prácticas corruptivas y clientelísticas dentro del Estado, y sin un trabajo de lobby empresarial, logran aumentar la productividad de sus empresas, colocar en forma creciente sus productos en el exterior, y ser exitosos en satisfacer la demanda interna y sustituir importaciones en rubros determinados. Sin demandas sectoriales y parceladas al gobierno de turno y esforzándose por sortear las irregularidades promovidas desde dentro de la administración pública, estos empresarios se han convertido en un grupo interesante para un trabajo público-privado ya iniciado en varios proyectos gubernamentales y con orientaciones hacia un nuevo modelo de desarrollo para el país.
Dejando de lado los matices y estratos dentro del empresariado, estos tres grupos grandes coexisten, actualmente, en el mercado e interactúan con los gobiernos, representando cada uno de ellos modalidades diferentes de hacer negocios y de entender la participación de los agentes económicos en los planes de desarrollo gubernamentales.
Es probable que el predominio y el peso de los dos primeros grupos sea la causa por la cual estos sigan influyendo de manera importante la construcción de las políticas públicas del país, aun cuando existan esfuerzos de parte de la actual administración de gobierno por desmarcarse claramente del grupo de empresarios rentistas.
El desafío para el actual gobierno consiste en construir instituciones y políticas públicas que den respaldo a su meta establecida de alcanzar un crecimiento económico inclusivo, es decir, un crecimiento económico con generación de empleo y reducción de la pobreza, y con mayores grados de competitividad y productividad.
En este sentido, el gobierno actual deberá ir definiendo cual es el interlocutor más valido entre los agentes económicos para construir una institucionalidad pública diferente a un Estado patrimonialista y más afín a un Estado orientado al desarrollo. Es el mismo desafío que enfrentarán los gobiernos sucesivos que deseen asegurar un crecimiento económico sustentable para el país.
